Las universidades nacionales encendieron las alarmas ante lo que consideran un incumplimiento del Gobierno de Javier Milei respecto a la Ley de Financiamiento Universitario. La Conadu Histórica inició un paro entre el 1 y el 6 de diciembre, reclamando un aumento salarial del 44%, cifra que —según sostienen— surge de la aplicación estricta de la normativa vigente.

En un comunicado, la AGD-UBA señaló que la medida también es en rechazo al Presupuesto 2026, al que califican como “de miseria para educación”. Los gremios remarcaron que los salarios docentes “permanecen bajo la línea de pobreza” y que el conflicto seguirá abierto mientras el Gobierno no actualice las partidas correspondientes.

Desde la Conadu Histórica, el dirigente Antonio Rosselló explicó que para garantizar funcionamiento, investigación, tecnología, escuelas preuniversitarias y proyectos pedagógicos, el presupuesto universitario debería triplicarse. Remarcó que sin esos fondos no pueden sostenerse las condiciones mínimas para el desarrollo académico y científico del país.

En paralelo, la Conadu, la federación mayoritaria, lanzó un comunicado contundente: “Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026”. El secretario general, Carlos De Feo, afirmó que el sistema atraviesa “una situación crítica” y que, sin una solución inmediata, se avanzará con un plan de lucha que incluye la posibilidad concreta de no iniciar el ciclo lectivo.

El conflicto se agravó luego de que Milei promulgara la ley, pero sin asignación de fondos, dejando su ejecución pendiente hasta que el Congreso determine las partidas necesarias. Con este escenario, las federaciones advierten un posible vaciamiento y un 2026 marcado por la incertidumbre universitaria.