La protesta se mantiene pese a la intimación judicial al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el CIN destacaron el fallo de Martín Cormick, pero advirtieron que siguen atentos al Presupuesto 2027 y a la evolución de los salarios.
La Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre continúa en pie, pese a la intimación de la Justicia al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez federal Martín Cormick le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para cumplir con la medida cautelar vigente. Aunque ese período todavía no terminó, los gremios docentes y no docentes ratificaron que mantienen la convocatoria a la movilización.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también confirmaron que la protesta continúa programada.
EL CIN CELEBRÓ EL FALLO
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó la resolución de Cormick y señaló que la intimación judicial era uno de los pedidos que las universidades habían realizado durante el proceso.
“Es algo que habíamos solicitado al juez que entiende en la causa, que se intime al Gobierno bajo apercibimiento”, expresó Bartolacci, quien manifestó su expectativa de que el Estado cumpla con lo establecido por la Justicia.
De todos modos, aclaró que el fallo no modifica la convocatoria prevista para octubre.
“La Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre sigue vigente”, confirmó.
Los gremios que participan de la organización de la protesta coincidieron en que la convocatoria permanece sin cambios.
EL PRESUPUESTO 2027, EN EL CENTRO DEL RECLAMO
Además del cumplimiento de la ley, el sector universitario mantiene la mirada puesta en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Bartolacci señaló que las universidades nacionales están “muy atentas” al tratamiento de la iniciativa, debido a que, según los cálculos del CIN, los recursos previstos para el sistema quedan por debajo de las necesidades establecidas por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con la estimación citada por el CIN, el presupuesto proyectado representa un 32% menos de los recursos considerados necesarios para cumplir con la normativa.
La discusión presupuestaria se suma así al conflicto que las universidades mantienen con el Gobierno por el financiamiento, los gastos de funcionamiento y la situación salarial del personal.
RECHAZO A LA OFERTA SALARIAL
Otro de los ejes que sostienen la protesta es la evolución de los salarios universitarios.
Los trabajadores de las casas de altos estudios rechazaron una propuesta del Gobierno que contemplaba un incremento del 3%.
Según el último informe elaborado por FEDUN-CIICTI, los salarios del sector necesitarían una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.
Con ese escenario, los sindicatos anticiparon que durante las próximas semanas continuarán con acciones destinadas a visibilizar el reclamo y preparar la movilización federal.
La marcha del 15 de octubre se mantiene, por ahora, como una de las principales expresiones del conflicto universitario, mientras corre el plazo fijado por la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento.
